Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 4(Derecho), 225-232, 2024
https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iDerecho.287
225
La protección de los derechos humanos en el proceso penal ecuatoriano
The protection of human rights in the ecuadorian criminal justice system
Julio César de Jesús Arrias-Añez
Julioarrias2@gmail.com
Red de investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5259-9359
Bryan Mauricio Núñez-Paredes
Bryan1996mauri1996@gmail.com
Red de investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-1062-7343
Jhonnatan Fernando Coca-Vaca
Jhonnatan.admbatan@gmail.com
Red de investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-7878-1097
Diego Francisco Granja-Zurita
pg.diegofgz76@uniandes.edu.ec
Red de investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1305-3895
RESUMEN
Este artículo configuró como objetivo de investigación analizar la protección de los derechos humanos en
el proceso penal ecuatoriano. Mediante un enfoque cualitativo descriptivo-analítico, se examinan cuatro
dimensiones fundamentales: 1) el marco constitucional del proceso penal, 2) las garantías del debido
proceso, 3) la protección de víctimas y grupos vulnerables, 4) los desafíos contemporáneos en el contexto
global. Los resultados evidencian que, pese a la constitucionalización del sistema procesal penal, persisten
prácticas que comprometen derechos fundamentales, particularmente en la aplicación de medidas
cautelares y procedimientos especiales. Se constata la insuficiencia de mecanismos diferenciados para
grupos vulnerables y la intensificación de desafíos derivados de fenómenos como la globalización y la
pandemia. Se concluye que es necesario fortalecer garantías procesales que establezcan límites efectivos
al poder punitivo estatal, armonizando la eficacia procesal con la protección irrestricta de derechos humanos
en el sistema penal ecuatoriano.
Descriptores: derechos humanos; proceso judicial; derecho penal. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of this research article was to analyse the protection of human rights in Ecuadorian criminal
proceedings. Using a qualitative descriptive-analytical approach, four fundamental dimensions are
examined: 1) the constitutional framework of criminal proceedings, 2) guarantees of due process, 3) the
protection of victims and vulnerable groups, 4) contemporary challenges in the global context. The results
show that, despite the constitutionalisation of the criminal procedure system, practices that compromise
fundamental rights persist, particularly in the application of precautionary measures and special procedures.
The insufficiency of differentiated mechanisms for vulnerable groups and the intensification of challenges
derived from phenomena such as globalisation and the pandemic are verified. It is concluded that it is
necessary to strengthen procedural guarantees that establish effective limits to the punitive power of the
state, harmonising procedural efficacy with the unrestricted protection of human rights in the Ecuadorian
penal system.
Descriptors: human rights; human rights violations; criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 12/07/2024. Revisado: 16/07/2024. Aprobado: 21/09/2024. Publicado: 18/10/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La confluencia entre el proceso penal y los derechos humanos constituye un campo de análisis
jurídico de particular relevancia en el contexto ecuatoriano contemporáneo; por cuanto la
Constitución de Montecristi de 2008 inauguró un paradigma garantista que, como señala
Zambrano-Solorzano (2019), reconfiguró sustancialmente el sistema procesal penal, transitando
desde un modelo predominantemente inquisitivo hacia un sistema acusatorio con fundamentos
constitucionales reforzados. Este proceso de constitucionalización, sin embargo, enfrenta
desafíos significativos en su materialización práctica, evidenciando lo que Aveiga et al. (2021)
caracterizan como una "brecha de implementación" entre el reconocimiento formal de derechos
y su efectiva tutela en la praxis judicial.
Por consiguiente, este articulo proyecta estudiar sistemáticamente la protección de los derechos
humanos en el proceso penal ecuatoriano, identificando tanto los avances normativos como las
persistentes deficiencias en su implementación. Por tanto, se parte de la premisa, sustentada
por Tarira et al. (2024), de que la efectividad de los derechos fundamentales en el ámbito
procesal penal no depende exclusivamente de su consagración constitucional, sino
fundamentalmente de la existencia de mecanismos institucionales y garantías procesales que
aseguren su concreción en casos particulares. En este sentido, resulta imperativo examinar
críticamente lo que Benavides-Benalcázar (2019) denomina "la arquitectura garantista" del
proceso penal ecuatoriano, evaluando su capacidad real para limitar el poder punitivo estatal y
salvaguardar los derechos de justiciables y víctimas.
El análisis adquiere particular relevancia en un contexto global caracterizado por lo que López-
Torres (2023), identifica como tendencias contrapuestas en materia de política criminal: por un
lado, el fortalecimiento del garantismo constitucional derivado del constitucionalismo
transformador latinoamericano; por otro, el auge de corrientes neopunitivistas impulsadas por
percepciones de inseguridad ciudadana y demandas sociales de mayor severidad punitiva. Esta
tensión dialéctica configura el escenario en que se desarrolla la protección de derechos humanos
en el proceso penal ecuatoriano, generando desafíos complejos que demandan respuestas
jurídicas vanguardistas.
A través de un análisis multidimensional, la investigación aspira en contribuir al desarrollo de una
dogmática procesal penal constitucionalmente orientada, que responda a las particularidades del
contexto jurídico-político ecuatoriano y a los desafíos emergentes del escenario global
contemporáneo. Solo mediante la comprensión analítica de las complejas interrelaciones entre
constitucionalismo, proceso penal y derechos humanos, será posible avanzar hacia un sistema
de justicia penal que armonice efectivamente las exigencias de eficacia punitiva con la
salvaguarda irrestricta de los derechos fundamentales de todos los intervinientes en el proceso.
En correspondencia con lo planteado anteriormente; se configura como objetivo de investigación
analizar la protección de los derechos humanos en el proceso penal ecuatoriano.
MÉTODO
La investigación adoptó un enfoque cualitativo con alcance descriptivo-analítico, orientado a
examinar sistemáticamente la protección de los derechos humanos en el proceso penal
ecuatoriano, se optó por este diseño metodológico considerando su idoneidad para abordar
fenómenos jurídicos que requieren un análisis interpretativo de fuentes documentales diversas.
El estudio se enmarcó en el paradigma sociocrítico del derecho, el cual permite trascender el
análisis meramente normativo para incorporar consideraciones sobre la efectividad material de
los derechos y las dinámicas de poder subyacentes a su implementación.
La recolección de información se realizó mediante una revisión documental caracteriza por 15
artículos académicos; lo cual permitió incorporar perspectivas teóricas y críticas sobre la
protección de derechos humanos en el proceso penal ecuatoriano. La selección de fuentes
documentales se realizó atendiendo a los siguientes criterios:
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a) Se priorizaron documentos directamente relacionados con la protección de derechos
humanos en el proceso penal ecuatoriano.
b) Se seleccionaron preferentemente fuentes publicadas en el período 2018-2024, para
garantizar la contemporaneidad del análisis, aunque se incluyeron algunos documentos
anteriores considerados fundamentales para la comprensión histórica del fenómeno
estudiado.
c) Se priorizaron publicaciones sometidas a procesos de revisión por pares y con
reconocimiento en la comunidad académica jurídica, evaluadas mediante indicadores
como índices de citación e indexación en bases de datos especializadas.
d) Se procuró incorporar fuentes que representaran diversas corrientes de pensamiento
jurídico, para garantizar un análisis equilibrado y comprehensivo del fenómeno
estudiado.
e) Se examinaron las relaciones entre el marco normativo formal y su implementación
práctica, identificando brechas, contradicciones y desafíos en la protección efectiva de
derechos humanos en el proceso penal ecuatoriano.
f) Se desarrolló una interpretación que articula las diversas categorías analíticas,
estableciendo interrelaciones y proponiendo una comprensión sistemática del fenómeno
estudiado.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La investigación se estructura en cuatro ejes fundamentales que permiten abordar
comprehensivamente la problemática:
Interrelación entre la constitucionalización del proceso penal y la tutela efectiva de
derechos humanos
El análisis del marco constitucional y la fundamentación jurídica del proceso penal ecuatoriano
revela una progresiva constitucionalización que, si bien representa un avance significativo en la
protección formal de derechos humanos, enfrenta desafíos en su materialización práctica; como
señala Aveiga et al. (2021), la incorporación de principios constitucionales al proceso penal ha
reconfigurado el sistema acusatorio ecuatoriano, estableciendo límites al ius puniendi estatal. No
obstante, persiste una tensión dialéctica entre la eficacia del sistema punitivo y la salvaguarda
de garantías fundamentales, fenómeno que Zambrano-Solorzano (2019) identifica como una
manifestación del constitucionalismo contemporáneo en el ámbito procesal penal.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, según documenta Tarira et al. (2024),
ha desarrollado estándares interpretativos que buscan armonizar esta tensión mediante la
aplicación del principio pro homine. Sin embargo, la efectividad de estos estándares se ve
comprometida por lo que Naranjo (2024) denomina "la brecha de implementación normativa",
consistente en la discrepancia entre el reconocimiento formal de derechos y su concreción en la
praxis judicial, esta problemática se agudiza en el caso de las personas jurídicas, cuya titularidad
de derechos fundamentales en el proceso penal, como argumentan Orozco & Romero (2021),
aún carece de un desarrollo dogmático y jurisprudencial suficiente en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano.
En tanto el fenómeno de constitucionalización del proceso penal ecuatoriano debe
comprenderse, además, como parte de un movimiento regional más amplio, en este sentido,
Aveiga et al. (2021) denominan "neoconstitucionalismo latinoamericano", caracterizado por la
incorporación de estándares internacionales de derechos humanos al bloque de
constitucionalidad. Esta incorporación ha generado lo que Zambrano-Solorzano (2019) identifica
como una "metamorfosis axiológica" del proceso penal, transitando desde un modelo
predominantemente inquisitivo hacia un sistema acusatorio con fundamentos garantistas, no
obstante, este tránsito no ha estado exento de contradicciones y resistencias institucionales que
evidencian la persistencia de prácticas inquisitivas bajo ropajes acusatorios formales.
Por otro lado; la función nomofiláctica de la Corte Constitucional ecuatoriana, analizada por Tarira
et al. (2024), ha sido determinante en la consolidación de este proceso de constitucionalización,
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particularmente mediante el desarrollo de la acción extraordinaria de protección como
mecanismo de control constitucional de decisiones judiciales en materia penal; sin embargo, la
jurisprudencia constitucional evidencia oscilaciones interpretativas que Naranjo (2024) atribuye
a la ausencia de una teoría constitucional autóctona que responda a las particularidades del
contexto jurídico-político ecuatoriano, esta carencia teórica se manifiesta especialmente en la
aplicación del test de proporcionalidad en materia penal, donde la ponderación entre derechos
fundamentales y bienes jurídico-penales frecuentemente adolece de inconsistencias
metodológicas.
Debido proceso: Entre la formalidad garantista y la eficacia procesal
En este ámbito, la configuración del debido proceso en el sistema penal ecuatoriano evidencia
una dicotomía entre el garantismo constitucional y las exigencias de eficacia procesal, en este
sentido; Gutiérrez-Campoverde et al. (2019) identifican vulneraciones sistemáticas al debido
proceso en procedimientos especiales como el abreviado, donde la celeridad procesal
frecuentemente se privilegia en detrimento de garantías fundamentales, esta observación
encuentra resonancia en el análisis de Rodríguez-Camacho (2018) sobre la defensa penal eficaz,
quien sostiene que la mera designación formal de un defensor resulta insuficiente para satisfacer
los estándares constitucionales e interamericanos de defensa técnica adecuada.
Por tanto, particularmente problemática resulta la aplicación de medidas cautelares restrictivas
de libertad. Sarabia (2021) documenta cómo la prisión preventiva en Ecuador ha devenido en
una práctica que contraviene su naturaleza excepcional, constituyendo una forma de pena
anticipada que vulnera la presunción de inocencia. Esta desnaturalización se ve exacerbada por
deficiencias en el sistema probatorio, donde, según Morillo et al. (2024), la aplicación de la regla
de exclusión probatoria adolece de inconsistencias metodológicas que comprometen la
integridad epistémica del proceso. En complemento, Paredes & Ruperti (2022) concluyen que
estas deficiencias configuran un patrón de vulneración al debido proceso que trasciende casos
aislados, constituyendo una problemática estructural del sistema procesal penal ecuatoriano.
De ese modo; el análisis de los procedimientos especiales, particularmente el abreviado, revela
lo que Gutiérrez-Campoverde et al. (2019) caracterizan como una "instrumentalización
eficientista" del proceso penal, donde la búsqueda de celeridad y descongestión judicial
prevalece sobre consideraciones garantistas. Este fenómeno se manifiesta en prácticas como la
negociación asimétrica de penas, donde la disparidad de poder entre fiscalía y defensa
compromete la voluntariedad real del consentimiento del procesado, ante lo cual, Rodríguez-
Camacho (2018) advierte que en esta problemática al identificar deficiencias estructurales en el
sistema de defensa pública que impiden la materialización de una defensa técnica efectiva,
especialmente para justiciables en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
En cuanto al tema de la prisión preventiva, según el análisis comparativo de Sarabia (2021), un
"termómetro del garantismo penal" que evidencia la distancia entre el discurso constitucional y
la praxis judicial. Su aplicación en Ecuador revela una inversión fáctica del principio de
excepcionalidad, donde la libertad durante el proceso ha devenido en excepción y la prisión
preventiva en regla. Esta desnaturalización responde a lo que el autor denomina "populismo
punitivo judicial", consistente en la adopción de decisiones restrictivas de libertad motivadas por
presiones mediáticas y percepciones de inseguridad ciudadana. En contraste, Morillo et al.
(2024) complementan este análisis al evidenciar cómo las deficiencias en la aplicación de reglas
de exclusión probatoria perpetúan prácticas investigativas constitucionalmente cuestionables,
generando un círculo vicioso de vulneraciones al debido proceso que compromete la legitimidad
del sistema de justicia penal en su conjunto.
Victimología y grupos vulnerables: Hacia un enfoque diferencial en la justicia penal
En este contexto, la protección de víctimas y grupos vulnerables en el proceso penal ecuatoriano
presenta avances normativos significativos que, no obstante, enfrentan obstáculos en su
implementación efectiva, ante lo cual, Benavides Benalcázar (2019) identifica una evolución
paradigmática en la concepción de la reparación integral, transitando desde un modelo
compensatorio hacia un enfoque restaurativo multidimensional. Sin embargo, este desarrollo
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teórico contrasta con las deficiencias prácticas en los mecanismos de reparación,
particularmente en casos de violencia de género donde, como señalan Moscoso-Parra et al.
(2018), la revictimización constituye una constante que perpetúa patrones de discriminación
estructural.
La situación se torna más compleja en el caso de grupos en situación de movilidad humana, en
donde Morán-Mejía et al. (2022) documentan cómo los migrantes venezolanos enfrentan
barreras adicionales en el acceso a la justicia penal, exacerbadas durante la pandemia por
COVID-19, que evidencian lo que López-Torres (2023) caracteriza como una "política criminal
selectiva" que intensifica la vulnerabilidad de determinados colectivos. Este fenómeno refleja la
insuficiencia de un enfoque meramente formal de igualdad ante la ley, demandando la
implementación de mecanismos diferenciados que atiendan a las particularidades de grupos
históricamente marginados del sistema de justicia.
En consecuencia, el paradigma de la reparación integral, consagrado constitucionalmente, ha
experimentado lo que Benavides-Benalcázar (2019) denomina una "expansión conceptual",
trascendiendo la mera indemnización económica para abarcar dimensiones como la restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No obstante, esta expansión conceptual
no ha sido acompañada de un desarrollo equivalente de mecanismos procesales e institucionales
que garanticen su efectividad; por consiguiente, l autor identifica una "compartimentalización
institucional" que fragmenta la responsabilidad reparatoria entre distintas entidades estatales,
dificultando la implementación de un enfoque integral y coordinado, esta fragmentación resulta
particularmente perniciosa en casos de violencia de género, donde la reparación requiere
intervenciones multidimensionales que aborden tanto el daño individual como las condiciones
estructurales que propician la victimización.
Por otro lado; Moscoso-Parra et al. (2018) profundizan en esta problemática al analizar el
derecho a la no revictimización de mujeres en el proceso penal ecuatoriano; los autores
identifican prácticas institucionales que, pese a las reformas normativas, perpetúan lo que
denominan "victimización secundaria institucionalizada", manifestada en interrogatorios
reiterativos, cuestionamientos a la credibilidad del testimonio basados en estereotipos de género
y exposición innecesaria de la víctima al agresor, estas prácticas revelan la persistencia de lo
que los autores caracterizan como "sesgo androcéntrico" en la administración de justicia penal,
donde la experiencia masculina continúa constituyendo el parámetro de normalidad jurídica.
Por consiguiente; la situación de los migrantes venezolanos, analizada por Morán-Mejía et al.
(2022), evidencia la interseccionalidad de vulnerabilidades que caracteriza a determinados
grupos poblacionales, los autores documentan cómo la condición migratoria irregular, combinada
con factores como la xenofobia, la precariedad socioeconómica y las barreras lingüísticas y
culturales, configura un escenario de "invisibilidad jurídica" que obstaculiza el acceso efectivo a
la justicia penal. Esta invisibilidad se manifiesta tanto en la victimización (donde los migrantes
enfrentan obstáculos para denunciar delitos cometidos en su contra) como en la criminalización
(donde son objeto de perfilamiento racial y étnico que incrementa su exposición al sistema
punitivo). En contraste, López-Torres (2023) complementa este análisis al identificar cómo la
política criminal ecuatoriana ha incorporado elementos de lo que denomina "derecho penal del
enemigo", donde determinados grupos, particularmente migrantes en situación irregular, son
construidos discursivamente como amenazas a la seguridad nacional, legitimando respuestas
punitivas diferenciadas que contravienen principios fundamentales como la igualdad ante la ley
y la no discriminación.
Globalización y derechos humanos: Desafíos contemporáneos en la justicia penal
ecuatoriana
El contexto global contemporáneo impone nuevos desafíos a la protección de derechos humanos
en el proceso penal ecuatoriano, en este ámbito, Moreno-Arvelo et al. (2021) analizan cómo la
globalización ha generado una reconfiguración de las relaciones entre el derecho internacional
de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico interno, propiciando lo que denominan
"fertilización cruzada" entre sistemas normativos, este fenómeno ha incidido en la evolución de
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la política criminal ecuatoriana que, según López-Torres (2023), oscila entre tendencias
garantistas derivadas del constitucionalismo transformador latinoamericano y corrientes
punitivistas impulsadas por presiones sociales y mediáticas.
Por otra parte; la pandemia por COVID-19 fungió como catalizador de estas tensiones,
evidenciando la fragilidad de los mecanismos de protección de derechos humanos en contextos
de excepcionalidad, en este sentido, Morán-Mejía et al. (2022) documentan cómo las medidas
sanitarias implementadas durante la emergencia sanitaria impactaron desproporcionadamente
en grupos vulnerables, generando nuevas formas de discriminación en el acceso a la justicia
penal; lo cual ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar lo que podría denominarse una
"dogmática de la excepcionalidad" que establezca límites infranqueables al poder punitivo
estatal, incluso en circunstancias extraordinarias.
Otro tema importante es la "fertilización cruzada" entre sistemas normativos, identificada por
Moreno-Arvelo et al. (2021), se manifiesta en la incorporación progresiva de estándares
internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente a
través del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Este proceso ha
generado lo que los autores denominan una "internacionalización del derecho constitucional" y
una simultánea "constitucionalización del derecho internacional", difuminando las fronteras
tradicionales entre ordenamientos jurídicos; sin embargo, esta interacción normativa no ha
estado exenta de tensiones, particularmente en ámbitos donde la soberanía estatal
tradicionalmente ha gozado de mayor discrecionalidad, como la política criminal y la seguridad
ciudadana.
Aunado a lo anterior; López-Torres (2023) profundiza en estas tensiones al analizar las
tendencias contemporáneas de la política criminal ecuatoriana, identificando una "esquizofrenia
político-criminal" caracterizada por la coexistencia de discursos garantistas en el plano
constitucional y prácticas neopunitivistas en la legislación ordinaria y la praxis judicial, esta
esquizofrenia responde a lo que denomina "populismo punitivo", consistente en la
instrumentalización política del derecho penal como respuesta simplificada a problemáticas
sociales complejas. El autor advierte sobre los riesgos de esta tendencia para la protección de
derechos humanos, particularmente la normalización de estados de excepción permanentes que
legitiman restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales bajo el pretexto de
combatir la inseguridad ciudadana.
En cuanto a factores sociales intervinientes, la pandemia por COVID-19 ha constituido, según
Morán-Mejía et al. (2022), un "laboratorio natural" para observar la resistencia de los mecanismos
de protección de derechos humanos en contextos de crisis, siendo importante comprender desde
esta óptica, cómo las medidas sanitarias implementadas durante la emergencia evidenciaron lo
que denominan "jerarquización fáctica de derechos", donde determinados derechos
(particularmente económicos y sociales) fueron subordinados a consideraciones de salud pública
sin un adecuado análisis de proporcionalidad. Esta jerarquización impactó
desproporcionadamente en grupos vulnerables, como migrantes venezolanos, quienes
enfrentaron obstáculos adicionales en el acceso a la justicia debido a restricciones de movilidad,
suspensión de servicios judiciales presenciales y brecha digital; en consecuencia, los autores
advierten sobre el riesgo de normalización de estas restricciones excepcionales, generando lo
que caracterizan como "estados de excepción de facto" que perduran más allá de la emergencia
sanitaria.
Este escenario demanda el desarrollo de lo que podría denominarse una "dogmática de la
excepcionalidad" que establezca parámetros claros para la limitación de derechos fundamentales
en contextos de crisis, garantizando que incluso en circunstancias extraordinarias se preserve
un núcleo intangible de derechos humanos. Esta dogmática debería incorporar principios como
la temporalidad estricta de las medidas excepcionales, la prohibición de regresividad en materia
de derechos fundamentales y la implementación de mecanismos reforzados de control judicial
durante estados de excepción. Por lo tanto; solo mediante el desarrollo de estos parámetros
dogmáticos será posible garantizar que la protección de derechos humanos en el proceso penal
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ecuatoriano no quede supeditada a contingencias coyunturales, sino que constituya un límite
infranqueable al poder punitivo estatal incluso en los escenarios más adversos.
CONCLUSIÓN
La protección de los derechos humanos en el proceso penal ecuatoriano se encuentra en una
encrucijada entre avances normativos significativos y persistentes deficiencias en su
implementación práctica. La superación de esta brecha requiere no solo reformas legislativas,
sino también transformaciones culturales e institucionales que permitan materializar el paradigma
garantista consagrado constitucionalmente, adaptándolo a los desafíos emergentes del contexto
global contemporáneo. Por lo tanto; la investigación ha permitido identificar que, si bien la
constitucionalización del proceso penal ha establecido bases sólidas para la tutela de derechos
fundamentales, persisten brechas sustanciales en su implementación efectiva dentro del sistema
judicial.
El estudio sistemático de las garantías procesales evidencia que la tensión entre eficiencia
procesal y protección de derechos frecuentemente se resuelve en detrimento de estos últimos,
particularmente en la aplicación de medidas cautelares y procedimientos especiales que
comprometen principios como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
En el ámbito de la protección a víctimas y grupos vulnerables, se constata la insuficiencia de
mecanismos diferenciados que respondan adecuadamente a las necesidades específicas de
colectivos históricamente marginados, perpetuando patrones de revictimización y discriminación
estructural en el acceso a la justicia penal.
El análisis del contexto contemporáneo demuestra que fenómenos como la globalización y
situaciones excepcionales como la pandemia han intensificado los desafíos para la protección
efectiva de derechos humanos, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer garantías
procesales que establezcan límites infranqueables al poder punitivo estatal y aseguren que el
proceso penal ecuatoriano cumpla su doble función: ser instrumento eficaz de política criminal y,
simultáneamente, mecanismo de protección de los derechos fundamentales de todos los
intervinientes.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A los juristas ecuatorianos.
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