Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 4(Contabilidad y Auditoría II), 29-42, 2024
Provisiones y riesgos crediticios en cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador
Provisions and credit risks in credit unions in Ecuador
Jimmy Byron Bermeo-Cisneros
Verónica Paulina Moreno-Narváez
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INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), introducidas en 1995 y también
conocidas como IFRS por sus siglas en inglés, son un conjunto de estándares globales
diseñados para mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera a nivel
internacional. Estas normas son promovidas por un acuerdo entre las NIIF y la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (OICV), con el objetivo de facilitar la adopción por parte
de las empresas y mejorar la comunicación financiera mediante una codificación estandarizada
(Católico-Segura, 2021).
En este marco, la NIC 37, titulada "Provisiones, activos y pasivos contingentes", establece los
criterios para la contabilización y revelación de provisiones, así como de activos y pasivos
contingentes. Esta norma es fundamental, pero puede presentar desafíos en la práctica
contable, especialmente en lo referente a los requisitos de medición y valoración de las
provisiones. En conjunto, las NIIF representan un marco idóneo para la elaboración de estados
financieros que reflejen con precisión las actividades económicas de las empresas a nivel
mundial. Su adopción promueve estándares consistentes y ayuda a prevenir fraudes,
facilitando la comparación y comprensión de la información financiera tanto a nivel nacional
como internacional (Castañeda-Moreano, 2021).
En relación con la gestión de crédito, las provisiones destinadas a cubrir cuentas futuras o
pérdidas imprevistas son fundamentales. Es necesario monitorear indicadores como la liquidez,
la calidad crediticia y la morosidad para identificar compromisos vencidos. Este análisis permite
realizar provisiones de manera eficiente y oportuna, fortaleciendo así la solidez financiera de la
institución. La evolución de la calificación crediticia en las carteras de crédito tuvo un inicio
destacado con la propuesta del modelo de valoración de opciones por Rosenberg y Grexit en la
década de los noventa. Desde 1974, Merton abordó temas similares combinando calificaciones
de comportamiento junto con Han y Jack. Además, en 1998, Elizabeth Mayas desarrolló
modelos analíticos adicionales para la gestión adecuada del riesgo crediticio. Estos modelos
han sido ampliamente estudiados y utilizados en instituciones financieras, encontrando
aplicaciones en diversas áreas como la medicina y la sociología, demostrando su eficacia a
nivel mundial durante más de 50 años.
En México, se desarrollan diversos tipos de carteras crediticias para los solicitantes, incluidos
los clientes ya gestionados por instituciones financieras en la Ciudad de México. Estos clientes
poseen una calificación que se evalúa tanto al solicitar un crédito como a lo largo de su historial
crediticio. Para este propósito, se implementan técnicas de calificación que surgen de la
necesidad de identificar el riesgo de incumplimiento, permitiendo a las instituciones financieras
optimizar sus carteras y mejorar la supervisión y el control de estas (Trejo-García et al. 2016).
En Ecuador, la evolución del sistema financiero ha sido reveladora y oportuna, compuesto por
los sectores público y privado que incluye cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y otras
instituciones financieras. Sin embargo, la mayor parte de los activos se concentra en la banca
privada. El sistema financiero ecuatoriano está regulado y controlado por dos entidades de
control y regulación: la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) que, regula las
actividades económicas de la banca y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS) que regula el funcionamiento de las cooperativas, mutualistas, caja de ahorro, bancos
comunales y cajas comunales agrupados por segmentación, cuya misión es proteger los
intereses de los clientes y fortalecer el sistema financiero, facilita el flujo de dinero y el sistema
de pagos en la economía (Calahorrano et al. 2023).
La Junta de Políticas y Regulación Financiera en Ecuador tiene la responsabilidad de
supervisar, controlar y establecer la metodología para el cálculo de la calificación crediticia.
Esta calificación, conocida como la calificación de activos de riesgo y la constitución de
provisiones, es realizada por entidades del sector financiero, tanto públicas como privadas, bajo
la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Los directorios de estas
entidades financieras designan comisiones especializadas en la gestión de activos de riesgo,