Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 4(Derecho), 68-78, 2024
https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iDerecho.151
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El Sistema Penal Ecuatoriano a la Luz de los Derechos Humanos: Retos y
Perspectivas para una Justicia Equitativa
The Ecuadorian Penal System in the Light of Human Rights: Challenges
and Perspectives for Equal Justice
Mariuxi Beatriz Segovia-Guillén
mariuxi.segovia@funcionjudicial.gob.ec
Consejo de la Judicatura; Unidad Judicial Penal del Cantón Portoviejo, Portoviejo,
Manabí
https://orcid.org/0009-0009-9322-7098
Gira Yokasta Carrión-García
gira.carrion@funcionjudicial.gob.ec
Consejo de la Judicatura; Unidad Judicial Penal del Cantón Portoviejo, Portoviejo,
Manabí
https://orcid.org/0009-0002-4733-4350
Edisson Fabricio Moreira Pinargote
abedimoreira@gmail.com
Red de Investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí
https://orcid.org/0009-0001-2178-7354
Carlos Alberto Segovia-Guillén
abkrlosegovia@hotmail.es
Red de Investigación Koinonia, Portoviejo, Manabí
https://orcid.org/0009-0005-8517-1312
RESUMEN
Se presenta como objetivo de la investigación analizar el sistema penal ecuatoriano a la luz de
los derechos humanos debido a los retos y perspectivas para una justicia equitativa en el
Ecuador. La metodología de esta investigación se fundamenta en un tipo de investigación
documental con diseño bibliográfico, con aplicación del método analítico-sintético y de análisis
jurídico, se seleccionaron 15 fuentes bibliográficas. Para abordar estos retos y avanzar hacia
una justicia verdaderamente equitativa, es crucial implementar reformas estructurales que
fortalezcan la autonomía judicial, promuevan la transparencia institucional y garanticen la
protección de los jueces contra cualquier forma de influencia indebida. Solo así se podrá
restablecer la confianza en el sistema judicial y preservar la integridad del Estado de derecho
en Ecuador, asegurando que los derechos fundamentales de todos los individuos involucrados
en el sistema penal sean respetados y protegidos de manera efectiva.
Descriptores: justicia; teoría legal; derecho a la justicia. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of the research is to analyse the Ecuadorian penal system in the light of human rights due to
the challenges and perspectives for equitable justice in Ecuador. The methodology of this research is
based on a type of documentary research with bibliographic design, with the application of the analytical-
synthetic method and legal analysis, 15 bibliographic sources were selected. To address these challenges
and move towards a truly equitable justice system, it is crucial to implement structural reforms that
strengthen judicial autonomy, promote institutional transparency and guarantee the protection of judges
against any form of undue influence. This is the only way to restore confidence in the judicial system and
preserve the integrity of the rule of law in Ecuador, ensuring that the fundamental rights of all individuals
involved in the criminal justice system are effectively respected and protected.
Descriptors: justice; legal theory; right to justice. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 17/02/2024. Revisado: 24/02/2024. Aprobado: 21/03/2024. Publicado: 24/03/2024.
Sección artículos de investigación
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Gira Yokasta Carrión-García
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INTRODUCCIÓN
El sistema penal ecuatoriano ha experimentado transformaciones significativas en su estructura
y funcionamiento, buscando alinearse con los estándares internacionales de derechos
humanos. Sin embargo, enfrenta retos persistentes que ponen en entredicho su eficacia y
equidad. El hacinamiento carcelario es un problema crítico, exacerbado por el uso excesivo de
la prisión preventiva y la insuficiencia de infraestructuras adecuadas, lo que genera condiciones
inhumanas y vulnera los derechos básicos de los detenidos (Santillán-Molina et al. 2021).
Las demoras procesales prolongadas socavan el derecho a un juicio rápido y justo, afectando
tanto a los acusados, que pueden permanecer años sin una sentencia, como a las víctimas,
que no ven resuelta su situación legal en tiempo razonable. A esto se suma la preocupación
por la independencia judicial, donde percepciones de injerencia política y falta de transparencia
en la designación y promoción de jueces y fiscales comprometen la imparcialidad de los
procesos judiciales. Para enfrentar estos desafíos, se hace necesario contar con reformas
penitenciarias que incluyan alternativas a la prisión preventiva y programas de rehabilitación
efectivos, mejoras en la eficiencia de los procesos judiciales mediante la capacitación y uso de
tecnologías avanzadas, y la implementación de mecanismos que garanticen la independencia
judicial (Galán-Melo, 2023).
El actual estudio analítico jurídico busca ofrecer una visión integral de los obstáculos y las
oportunidades que enfrenta el sistema penal ecuatoriano, orientado hacia la construcción de
una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos humanos; partiendo del hecho que el
Ecuador ha incorporado en su ordenamiento jurídico varios instrumentos internacionales de
derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Añazco-Aguilar & Añazco-Aguilar, 2022).
Estos instrumentos establecen garantías procesales fundamentales, como el derecho a un
juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que deben ser respetados y
protegidos dentro del sistema penal, configurándose una bifurcación analítica del tema para ser
abordado en dos categorías con sus respectivas subcategorías documentales de análisis, entre
las cuales se hace mención:
Categoría retos del sistema penal ecuatoriano con subcategorías: Hacinamiento Carcelario,
Demoras Procesales, independencia Judicial.
Categoría Perspectivas para una Justicia Equitativa con subcategorías: Reformas
Penitenciarias, Mejoramiento de los Procesos Judiciales, Fortalecimiento de la Independencia
Judicial.
En función de lo anterior; se puede expresar que el sistema penal ecuatoriano enfrenta
desafíos significativos en su alineación con los estándares internacionales de derechos
humanos. No obstante, con la implementación de reformas estructurales y políticas efectivas,
es posible avanzar hacia una justicia más equitativa y humana. La clave reside en el
compromiso del Estado y de la sociedad en general para promover y proteger los derechos
humanos de todos los involucrados en el sistema penal, asegurando así un marco legal y
judicial que verdaderamente refleje los principios de justicia, equidad y dignidad humana.
Partiendo de lo expuesto, se presenta como objetivo de la investigación analizar el sistema
penal ecuatoriano a la luz de los derechos humanos debido a los retos y perspectivas para una
justicia equitativa en el Ecuador.
MÉTODO
La metodología de esta investigación se fundamenta en un tipo de investigación documental
con diseño bibliográfico, con aplicación del método analítico-sintético y de análisis jurídico, para
configurar la selección, organización, integración, sistematización y evaluación crítica de
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investigaciones científicas previamente realizadas, disponibles en bases de datos como Scielo,
Latindex, Redalyc, Scopus.
Se seleccionaron 15 fuentes bibliográficas que proporcionan una base sólida para el análisis,
asegurando la inclusión de una amplia gama de perspectivas y datos actualizados.
Mediante el método analítico-sintético, se descompusieron las diversas dimensiones del
problema en sus componentes fundamentales, permitiendo una evaluación detallada de cada
uno. Posteriormente, se integraron estos componentes en una síntesis coherente que reflejara
la interacción entre los distintos factores y su impacto global en el sistema penal ecuatoriano.
El análisis jurídico se centró en interpretar y evaluar críticamente las normas y principios
jurídicos en relación con los derechos humanos, examinando cómo estos se aplican en la
práctica judicial. Se analizaron decisiones judiciales, doctrinas y textos legales para identificar
las fortalezas y debilidades del marco jurídico vigente, así como las discrepancias entre la
teoría y la práctica.
En términos de consideraciones éticas, se aseguró la integridad y precisión de la información
utilizada, evitando sesgos y garantizando una representación justa y equilibrada de las diversas
fuentes. Se respetaron los derechos de autor y se citó adecuadamente toda la información
obtenida de fuentes secundarias, manteniendo un alto estándar de honestidad académica.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se delinean las temáticas clave necesarias para alcanzar el objetivo de la investigación:
Categoría retos del sistema penal ecuatoriano
El sistema penal ecuatoriano enfrenta múltiples desafíos que comprometen su eficacia y su
capacidad para garantizar una justicia equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Estos
retos son diversos y abarcan desde problemas estructurales hasta cuestiones normativas y
operativas, entre las cuales se hace mención:
Hacinamiento Carcelario
El análisis crítico sobre el sistema penal ecuatoriano revela una serie de desafíos
fundamentales que socavan la efectividad y la equidad del sistema judicial, así como el respeto
de los derechos humanos. En primer lugar, la Resolución 1/08 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos destaca la prohibición legal del hacinamiento carcelario y establece que
el mismo debe ser considerado como una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Sin
embargo, a pesar de estas normativas, la realidad ecuatoriana refleja un preocupante aumento
en la población penitenciaria, impulsado en parte por políticas punitivas implementadas a través
del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014. Este incremento sustancial en las
penas ha llevado a un nivel de hacinamiento del 29.42%, según datos oficiales.
El abuso de la prisión preventiva es otro aspecto crítico que compromete los principios
fundamentales de justicia y derechos humanos. Aunque el derecho a la presunción de
inocencia está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), su
aplicación se ve socavada por un uso excesivo y desproporcionado de la prisión preventiva en
Ecuador. Esta situación se agrava por la falta de fundamentación y motivación en las
resoluciones judiciales, así como por la escasa aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Además, la sobrepoblación carcelaria y el uso indiscriminado de la prisión preventiva generan
violaciones adicionales a los derechos humanos, afectando no solo a los reclusos, sino también
a sus familiares.
En consideración; la prisión preventiva, en particular, se ha convertido en una práctica común,
frecuentemente utilizada como la primera medida cautelar, en lugar de ser la última opción
como dictan los principios internacionales de derechos humanos. Esta práctica no solo
contribuye al aumento de la población penitenciaria, sino que también exacerba las condiciones
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inhumanas dentro de las prisiones, afectando desproporcionadamente a individuos que aún no
han sido condenados.
En este contexto, es crucial adoptar un enfoque político-criminal basado en los derechos
humanos que reconozca la importancia de la prevención del delito y la protección de los
derechos de todas las personas involucradas en el sistema penal. Esto implica una revisión
integral de las políticas y prácticas penales para garantizar el respeto de los principios de
proporcionalidad, presunción de inocencia y rehabilitación social. Asimismo, se necesita un
compromiso firme con la independencia judicial y la aplicación efectiva de los estándares
internacionales de derechos humanos en todas las etapas del proceso penal.
En última instancia, el tema carcelario en Ecuador no solo requiere soluciones inmediatas para
abordar el hacinamiento y el abuso de la prisión preventiva, sino también un cambio de
paradigma hacia una política criminal que priorice la dignidad humana, la reinserción social y la
justicia restaurativa. Esto exige un enfoque interdisciplinario que involucre a actores
gubernamentales, judiciales, académicos y de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones
sostenibles y equitativas para los desafíos del sistema penal ecuatoriano.
Por lo tanto; el hacinamiento carcelario en Ecuador representa uno de los problemas más
críticos del sistema penitenciario. La magnitud de este fenómeno es alarmante, con prisiones
que superan ampliamente su capacidad operativa, lo cual se traduce en condiciones de vida
deplorables para los reclusos. Entre las causas principales de este hacinamiento se identifican
la excesiva utilización de la prisión preventiva, las deficiencias en la infraestructura carcelaria y
un sistema judicial que enfrenta importantes retos en términos de eficiencia y celeridad.
En cuanto a los derechos humanos, se considera que las condiciones de hacinamiento
carcelario tienen profundas implicaciones para los derechos humanos de los reclusos. La
sobrepoblación genera entornos insalubres y violentos, donde los derechos básicos a la salud,
la seguridad y la dignidad humana se ven constantemente vulnerados. La falta de espacio
adecuado, el acceso limitado a servicios de salud y la insuficiencia de programas de
rehabilitación agravan la situación, impidiendo cualquier posibilidad de reintegración social
efectiva. Las condiciones de hacinamiento violan varios tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Ecuador, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a
condiciones de detención dignas y el respeto a la integridad personal.
En consecuencia, de los planteamientos anteriores, las políticas implementadas hasta la fecha
han demostrado ser insuficientes para abordar de manera efectiva el problema del
hacinamiento carcelario. Las reformas legislativas y las iniciativas de construcción de nuevas
instalaciones no han logrado reducir significativamente la sobrepoblación. La falta de una
estrategia integral que aborde tanto las causas subyacentes del hacinamiento como sus
efectos inmediatos ha limitado el impacto de las medidas adoptadas.
En consideración a las consecuencias anteriores, se proponen alternativas para reducir la
sobrepoblación carcelaria, entre las cuales se hace mención:
1. Reformas en la Prisión Preventiva: Revisar y restringir el uso de la prisión preventiva,
promoviendo medidas cautelares alternativas, como la libertad bajo fianza, el arresto
domiciliario y el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo.
2. Desarrollo de Programas de Rehabilitación y Reinserción: Implementar programas
integrales de rehabilitación que incluyan educación, capacitación laboral y apoyo
psicológico, facilitando la reintegración de los reclusos a la sociedad y reduciendo las
tasas de reincidencia.
3. Mejoramiento de la Infraestructura Penitenciaria: Invertir en la mejora y ampliación
de las instalaciones existentes, asegurando condiciones de vida dignas para los
reclusos, con acceso adecuado a servicios básicos y espacios suficientes para evitar la
sobrepoblación.
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4. Fortalecimiento del Sistema Judicial: Aumentar la eficiencia del sistema judicial
mediante la capacitación continua de jueces y fiscales, la implementación de
tecnologías que agilicen los procesos judiciales y la reducción de la burocracia.
5. Políticas de Descriminalización y Despenalización: Revisar y reformar las leyes
penales para descriminalizar ciertas conductas y despenalizar delitos menores,
redirigiendo los casos de baja peligrosidad hacia alternativas no privativas de libertad.
Debido a lo expuesto; se resume que el hacinamiento carcelario en Ecuador es un problema
multifacético que requiere un enfoque integral y multidimensional para su resolución. A través
de reformas en la prisión preventiva, el desarrollo de programas de rehabilitación, mejoras en la
infraestructura, el fortalecimiento del sistema judicial y políticas de despenalización se puede
avanzar hacia un sistema penitenciario que respete y proteja los derechos humanos,
proporcionando condiciones dignas y promoviendo la reintegración social efectiva de los
reclusos.
Demoras Procesales
Las demoras procesales representan un desafío significativo en el sistema judicial ecuatoriano,
comprometiendo tanto la eficiencia del proceso judicial como los derechos fundamentales de
los involucrados. En Ecuador, este problema se manifiesta en una serie de obstáculos que
obstaculizan la celeridad y la efectividad de los procedimientos legales. Factores como la falta
de recursos adecuados, la sobrecarga de trabajo de jueces y fiscales, y deficiencias en la
gestión administrativa contribuyen a la prolongación de los tiempos de espera en los tribunales.
Estas demoras tienen un impacto directo en el acceso a la justicia, generando incertidumbre
para los acusados y las víctimas, y en muchos casos, llevando a la congestión del sistema
judicial. Además, las demoras procesales pueden resultar en la prolongación injustificada de la
prisión preventiva, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de ciertos sectores de
la población. Por lo tanto, abordar este problema en el contexto ecuatoriano requiere medidas
urgentes para mejorar la gestión judicial, garantizar la asignación adecuada de recursos y
promover la eficiencia en todos los niveles del sistema legal, con el fin de asegurar el pleno
respeto de los derechos fundamentales y la administración de justicia equitativa.
Los principios constitucionales relacionados con el derecho procesal no son simples directrices,
sino mandatos legales cuya aplicación resulta imperativa y necesaria. Sin embargo, su
implementación debe realizarse en conjunción con las normativas procesales establecidas por
la ley, siempre y cuando estas estén en armonía con la Constitución. Aplicar los principios de
manera aislada y sin discernimiento podría generar inseguridad jurídica. Estos principios
adquieren relevancia no para suplantar las reglas existentes, sino para mejorar su aplicación y
funcionamiento. Los cambios en los procesos, basados en la oralidad, representan un avance
significativo hacia la consecución de la justicia. Los principios examinados, también
incorporados en el Código Orgánico General de Procesos, constituyen herramientas útiles que
deben ser empleadas juntamente con las reglas establecidas. Sin embargo, en casos de
conflictos difíciles de resolver, su aplicación no está restringida, ya que, como normas de
optimización, a pesar de su amplitud, siguen siendo extremadamente útiles ante situaciones no
contempladas en el Código (Linzán-Saltos et al. 2023).
El principio de celeridad debe ser concebido como la búsqueda de una justicia ágil y expedita,
libre de dilaciones indebidas. Este principio, al ser un derecho fundamental, implica la
obligación de proceder dentro de plazos razonables, evitando que la justicia se vea
comprometida debido a retrasos injustificados. El cumplimiento de este principio no solo
fomenta la correcta aplicación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), sino que
también contribuye a restaurar la confianza de la sociedad en un sistema de justicia eficaz,
equitativo y humano. Esta restauración de confianza es la consecuencia más importante
derivada del cumplimiento efectivo de este principio y otros principios contenidos en el COGEP
(Jarama-Castillo et al. 2019).
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Independencia Judicial
La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier sistema legal democrático,
garantizando la imparcialidad y la equidad en la administración de justicia. Sin embargo, en el
contexto ecuatoriano, este principio se enfrenta a una serie de desafíos que comprometen su
efectividad. La interferencia política en el poder judicial, especialmente en la designación y
promoción de jueces y magistrados, ha generado preocupaciones sobre la autonomía real de
los tribunales. Además, la falta de mecanismos efectivos para garantizar la rendición de
cuentas y la transparencia en la gestión judicial ha exacerbado las percepciones de corrupción
e influencia indebida en el sistema judicial.
Estas deficiencias no solo socavan la confianza pública en la imparcialidad del poder judicial,
sino que también pueden conducir a violaciones de los derechos fundamentales y a la erosión
del Estado de derecho. Por lo tanto, es fundamental implementar reformas estructurales que
fortalezcan la independencia judicial, asegurando la separación efectiva de poderes,
promoviendo la transparencia institucional y garantizando la protección de los jueces contra
cualquier forma de presión externa. Solo así se podrá restablecer la confianza en el sistema
judicial y preservar la integridad del Estado de derecho en Ecuador.
En los Estados constitucionales de derechos contemporáneos, la independencia judicial se
conceptualiza en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, está la división funcional,
que se refiere a las atribuciones específicas de cada función del Estado y permite su
coordinación. En segundo lugar, está la división desde el punto de vista de los órganos, que
implica la existencia de arreglos institucionales para garantizar la separación efectiva de
poderes. Esto puede incluir la promulgación de una ley orgánica que regule el funcionamiento
de cada órgano y, en el caso del poder judicial, la existencia de un órgano de autogobierno
independiente de los otros poderes. Finalmente, está la diferenciación personal entre los
miembros de cada órgano estatal, lo que significa que los individuos que integran cada poder
deben ser independientes entre sí y no estar sujetos a influencias externas. Esta
tridimensionalidad de la independencia judicial es crucial para garantizar un sistema judicial
imparcial, transparente y efectivo en la protección de los derechos fundamentales (Martínez,
2004).
En palabras de (Toala-Rivas et al. 2022), en Ecuador, desde su fundación como república en
1830, la independencia judicial ha sido un ideal nunca plenamente realizado, tanto en su forma
formal como material, debido al diseño del Estado que ha subordinado la función judicial a los
intereses de las élites dominantes. Aunque las constituciones de 1998 y 2008 reconocen la
independencia judicial y establecen la meritocracia como criterio para el nombramiento de
jueces, en la práctica este principio sigue siendo vulnerado (Toala-Rivas et al. 2022).
Esta falta de independencia se refleja en una situación de independencia judicial interna
relativa, donde algunos jueces actúan de manera independiente, mientras que otros son más
susceptibles a presiones internas y externas. Esta vulnerabilidad se atribuye principalmente a la
necesidad de retribuir el apoyo recibido para acceder al cargo y a la búsqueda de mantenerse
en él. Por lo tanto, la independencia judicial, tanto interna como externa, está estrechamente
ligada a los méritos, conocimientos y experiencia de los jueces (Toala-Rivas et al. 2022).
Es crucial reconocer que la coordinación de las funciones del Estado no debe interpretarse
como una intromisión en la independencia judicial, sino más bien como un elemento esencial
para lograr objetivos de desarrollo y abordar problemas estructurales como la corrupción de
manera efectiva. La independencia judicial no es un privilegio, sino un derecho del juez y,
fundamentalmente, un derecho del ciudadano, ya que el derecho actúa como un mecanismo de
limitación del poder y garantiza el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es importante
reconocer que estas tensiones entre el poder y el derecho pueden desembocar en conflictos
graves, como guerras, desinstitucionalización y violaciones de los derechos humanos, por lo
que la preservación de la independencia judicial sigue siendo un desafío crucial para la
consolidación del Estado de derecho en Ecuador (Toala-Rivas et al. 2022).
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Categoría Perspectivas para una Justicia Equitativa
En Ecuador, la búsqueda de una justicia equitativa enfrenta desafíos multidimensionales que
requieren un enfoque integral y colaborativo. A pesar de los avances legislativos y
constitucionales que reconocen la importancia de la igualdad y la equidad en el acceso a la
justicia, persisten obstáculos significativos en la práctica. La independencia judicial, la
transparencia institucional, la eficiencia procesal y la garantía de los derechos fundamentales
son áreas que requieren atención prioritaria. La independencia judicial, tanto interna como
externa, es fundamental para asegurar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin
interferencias indebidas, garantizando así la imparcialidad y la objetividad en los procesos
judiciales.
La transparencia institucional y la rendición de cuentas son cruciales para fortalecer la
confianza pública en el sistema judicial y para prevenir la corrupción. La eficiencia procesal,
incluyendo la reducción de las demoras y la congestión judicial, es esencial para garantizar un
acceso oportuno a la justicia y para evitar la dilación injustificada de los procesos legales. Por
último, la protección y promoción de los derechos humanos son pilares fundamentales de una
justicia equitativa, asegurando que todos los individuos sean tratados con dignidad y respeto en
el sistema judicial (Cuchumbé-Holguín, 2003).
En este sentido, es necesario un compromiso continuo por parte de todas las partes
interesadas, incluyendo el poder judicial, el poder legislativo, las instituciones gubernamentales
y la sociedad civil, para abordar estos desafíos de manera efectiva y trabajar hacia una justicia
verdaderamente equitativa en Ecuador. El principio de igualdad equitativa de oportunidades,
fundamental en una sociedad democrática, comprende tres aspectos esenciales. En primer
lugar, implica la necesidad de establecer un principio distributivo efectivo que garantice tanto
las libertades básicas para todos los ciudadanos como condiciones legales que aseguren
igualdad de oportunidades (Cuchumbé-Holguín, 2003).
El segundo aspecto radica en el significado mismo de la igualdad equitativa de oportunidades,
que requiere que los cargos públicos y las posiciones sociales estén abiertos a todos los
ciudadanos, independientemente de su origen social, permitiendo que las personas con talento
y habilidades equivalentes tengan las mismas perspectivas de éxito, sin importar su clase de
origen. Además, este principio implica igualdad liberal, lo que significa que alcanzar objetivos
sociales comunes implica acciones limitadas por un marco institucional que prevenga el
monopolio económico, la concentración excesiva de propiedad y riqueza, la dominación política
y la exclusión de ciudadanos del sistema educativo (Cuchumbé-Holguín, 2003).
El tercer aspecto indica que las desigualdades sociales y económicas deben ser abordadas
mediante el principio de diferencia, que requiere una distribución de beneficios en función de
los menos favorecidos sin comprometer las diferencias inherentes. Estos principios, por tanto,
representan valores políticos fundamentales y desempeñan un papel crucial en la estructura
básica de la sociedad, garantizando tanto las libertades básicas como un trasfondo institucional
de justicia social y económica, fundamentales para una sociedad que se concibe a sí misma
como libre e igualitaria (Cuchumbé-Holguín, 2003).
Reformas Penitenciarias
El enfoque de la política pública del sistema carcelario ecuatoriano requiere una dosimetría
penal adecuada y una revisión exhaustiva de las penas impuestas, asegurando que se
correspondan con la gravedad de las conductas delictivas. Esto implica despenalizar ciertas
conductas y ajustar las penas de acuerdo con la gravedad del delito cometido (Miranda-Chávez
et al. 2021).
Se sugiere la concesión de un nuevo indulto de penas, siguiendo criterios específicos, como el
cumplimiento de al menos el 40% de la pena, pero limitado a delitos que no sean considerados
atroces, como aquellos relacionados con la vida, integridad sexual y reproductiva. Para abordar
la congestión en los centros carcelarios, es fundamental reforzar tanto la seguridad interna
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como externa, mediante un control efectivo del ingreso de objetos prohibidos, como sustancias
estupefacientes, dispositivos electrónicos y armas (Miranda-Chávez et al. 2021).
Esto requerirá la contratación de expertos nacionales e internacionales para desarrollar una
reforma integral de seguridad, es crucial establecer jueces especializados en garantías
penitenciarias, conforme al Código Orgánico de la Función Judicial, para salvaguardar los
derechos de los individuos privados de libertad y garantizar un sistema penitenciario más justo
y equitativo (Miranda-Chávez et al. 2021).
Por otro lado; se evidencia una falta de gestión por parte del Estado en su rol como ente
responsable de los centros de rehabilitación, lo que resulta en el incumplimiento de las
normativas necesarias para una administración penitenciaria adecuada. La sobrepoblación en
estos centros es un fenómeno que surge como consecuencia de la ineficacia de las políticas
públicas penitenciarias vigentes. Es imperativo que la distribución de los reclusos no se base
únicamente en el número de internos, sino que también considere otros factores relevantes,
como el entorno de la población penitenciaria y las condiciones específicas de cada centro de
reclusión, es crucial garantizar la asignación de recursos adecuados para salvaguardar la salud
integral de las personas privadas de libertad, en estricto apego al reglamento del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social (De-Jesús-Arrias-Añez et al. 2020).
Mejoramiento de los Procesos Judiciales
La seguridad ciudadana en Ecuador se concibe como un sistema que asigna al Estado la
responsabilidad primordial de proteger integralmente a sus ciudadanos, al tiempo que fomenta
la participación de diversos sectores, como el social, el productivo, los gobiernos locales y la
ciudadanía en general, en el diseño e implementación de políticas públicas, respetando los
principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, a pesar
del reconocimiento constitucional del acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial
efectiva, su aplicación efectiva depende en gran medida de la labor de los jueces y de la
administración de justicia en su conjunto, lo cual contribuye directamente a la seguridad
ciudadana (Zambrano-Noles, 2016).
La transformación más significativa en el sistema de administración de justicia en Ecuador ha
sido su constitucionalización, lo que ha resultado en cambios sustanciales, como la ampliación
de competencias y jurisdicción, los procesos de designación de jueces de paz, el control de
efectividad de los centros de mediación y arbitraje, la creación de la defensoría pública, la
extensión de servicios legales gratuitos a través de consultorios jurídicos en las universidades y
la implementación de la oralidad en todos los procesos judiciales (Zambrano-Noles, 2016).
Si bien el derecho al olvido no está explícitamente consagrado como un derecho autónomo en
la normativa constitucional, se observa una interconexión entre diversos derechos que sí están
contemplados en la Constitución, como el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la
protección de datos personales, lo que permite una protección indirecta del mismo. La
promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha introducido el derecho
a la suspensión del tratamiento de datos y otros mecanismos de protección de estos (Mora-
Bernal et al. 2022).
No obstante, la ausencia de una regulación reglamentaria exhaustiva de esta ley podría dar
lugar a la invocación de una anomia por parte de los destinatarios de la norma, lo que afectaría
su eficacia. En este contexto, el Sistema de Administración de Justicia del Estado (SATJE)
podría continuar exponiendo información contenida en los expedientes de los sujetos y partes
procesales, potencialmente vulnerando los derechos a la protección de datos personales. Por
último, se sugiere la utilización de garantías jurisdiccionales adicionales, como la Acción de
Protección y el habeas data, con el fin de que los jueces de instancia desarrollen criterios para
la aplicación directa tanto de la ley como de la Constitución, estableciendo estándares que
protejan estos derechos humanos fundamentales frente a los desafíos derivados del avance de
las tecnologías de la información (Mora-Bernal et al. 2022).
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Vol. 4(Especial), 68-78, 2024
El Sistema Penal Ecuatoriano a la Luz de los Derechos Humanos: Retos y Perspectivas para una Justicia Equitativa
The Ecuadorian Penal System in the Light of Human Rights: Challenges and Perspectives for Equal Justice
Mariuxi Beatriz Segovia-Guillén
Gira Yokasta Carrión-García
Edisson Fabricio Moreira Pinargote
Carlos Alberto Segovia-Guillén
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Fortalecimiento de la Independencia Judicial
A pesar de las evidentes interferencias en el sistema judicial, ninguna figura, autoridad o
funcionario ha sido objeto de sanciones civiles, penales o administrativas, lo que conduce a
una conclusión desalentadora: el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador,
que garantiza la independencia judicial, parece ser meramente una declaración retórica sin
aplicación práctica. El análisis del principio de independencia judicial revela que a lo largo de
diferentes periodos gubernamentales, los jueces de la Corte Nacional de Justicia han sido
designados de manera indirecta, ya sea a través del Congreso Nacional en 1997 y 2005, o más
recientemente, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designó
a los Vocales del Consejo de la Judicatura, quienes a su vez nombran a los jueces de la Corte
Nacional de Justicia desde 2011 hasta la actualidad en 2021 (Andrade-Santamaría et al. 2021).
Esta práctica demuestra claramente que, tanto desde una perspectiva constitucional como
legal, la política ejerce una influencia directa sobre el Poder Judicial, socavando la
imparcialidad de los jueces. Aunque resulte incómodo reconocerlo, esta violación de la
independencia judicial permea las acciones de los jueces que operan en la Corte Nacional de
Justicia, incluso en casos que involucran el recurso de casación (Andrade-Santamaría et al.
2021).
En relación con el principio de independencia judicial, se observa un consenso mayoritario en
la muestra estudiada que respalda este principio; sin embargo, un segmento significativo
señala la existencia de elementos que potencialmente pueden interferir en la independencia del
poder judicial. Se destaca específicamente la preocupación por la posible injerencia del Poder
Ejecutivo en la actividad jurisdiccional, lo cual podría socavar la credibilidad del sistema judicial
en su conjunto. Además, se identifica la percepción de presiones externas, particularmente en
ámbitos como el laboral, las salas de audiencia y los despachos judiciales, donde se
manifiestan con mayor frecuencia. Estas observaciones subrayan la importancia de abordar de
manera crítica y proactiva los desafíos que enfrenta la independencia judicial, con el fin de
fortalecer la confianza en el sistema de justicia y salvaguardar su integridad institucional
(Cuesta-Álvarez et al. 2019).
Por consiguiente, para superar las limitaciones de la independencia judicial, es necesario
reconfigurar el mandato de administrar justicia conforme a la Constitución de la República, los
tratados internacionales de derechos humanos, el Código Orgánico de la Función Judicial, el
Código Orgánico Integral Penal (COIP) y demás normativa pertinente, mientras se asegura la
igualdad ante la ley, es un requisito fundamental para los jueces en el desempeño de sus
funciones. Este principio no solo garantiza el debido proceso, sino que también protege los
derechos de los individuos involucrados en los litigios. Los jueces están obligados a cumplir
rigurosamente con esta exigencia, ya que cualquier desviación podría resultar en su destitución
o sanción, especialmente si se detectan comportamientos parciales que comprometan su
capacidad para impartir justicia de manera imparcial y equitativa, tal como se espera de su
función judicial (Durán-Chávez et al. 2021).
CONCLUSIÓN
La independencia judicial en Ecuador se ve desafiada por interferencias políticas y presiones
externas que comprometen su efectividad y minan la confianza en el sistema judicial. A pesar
de la existencia de disposiciones constitucionales y legales que buscan garantizar la
imparcialidad y la equidad en la administración de justicia, la realidad refleja una influencia
indebida del Poder Ejecutivo y presiones externas en ámbitos como el laboral y los despachos
judiciales. Estas preocupaciones subrayan la necesidad urgente de abordar los desafíos que
enfrenta la independencia judicial para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y
preservar su integridad institucional. Para ello, es crucial reafirmar el compromiso de los jueces
con el cumplimiento estricto de los principios legales y constitucionales que rigen su función,
garantizando así la imparcialidad y la equidad en la impartición de justicia. Solo mediante
reformas estructurales que promuevan la autonomía judicial y la transparencia institucional se
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podrá restaurar la confianza pública en el sistema judicial y preservar el Estado de derecho en
Ecuador.
Por lo tanto, para abordar estos retos y avanzar hacia una justicia verdaderamente equitativa,
es crucial implementar reformas estructurales que fortalezcan la autonomía judicial, promuevan
la transparencia institucional y garanticen la protección de los jueces contra cualquier forma de
influencia indebida. Solo así se podrá restablecer la confianza en el sistema judicial y preservar
la integridad del Estado de derecho en Ecuador, asegurando que los derechos fundamentales
de todos los individuos involucrados en el sistema penal sean respetados y protegidos de
manera efectiva. Estas reformas no solo son necesarias para mejorar la eficacia y la equidad
del sistema penal, sino que también son fundamentales para cumplir con los compromisos
internacionales de derechos humanos y fortalecer la democracia en el país. En última instancia,
el fortalecimiento de la independencia judicial no solo beneficia a los ciudadanos ecuatorianos
al garantizar un sistema judicial imparcial y efectivo, sino que también contribuye a la
construcción de una sociedad más justa y democrática para las generaciones futuras.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A las personas e instituciones dedicadas a la aplicación de la justicia en el Ecuador.
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